Abuso de poder

En 2021, un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó en evidencia una serie de prácticas irregulares protagonizadas por Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla, y René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobierno municipal. Ambos fueron señalados por incurrir en promoción personalizada durante la entrega de cheques a comerciantes y artesanos afectados por la pandemia de COVID-19. El tribunal determinó, por mayoría de dos votos a uno, que las acciones de los funcionarios no solo fueron inapropiadas, sino que buscaron beneficiar sus propias aspiraciones políticas.

Durante el contexto de la crisis sanitaria, cuando miles de poblanos luchaban por sobrevivir económicamente, Rivera y Sánchez utilizaron los recursos públicos destinados para apoyar a los afectados como una herramienta para posicionarse ante la opinión pública. Los cheques entregados a los comerciantes y artesanos fueron vistos como una estrategia para crear una imagen favorable de ambos en la víspera de las elecciones de 2021. Rivera buscaba la reelección, mientras que Sánchez aspiraba a una diputación federal. El fallo del tribunal subraya cómo esta entrega de recursos se convirtió en una especie de campaña electoral encubierta, con el uso de fondos públicos para promover sus figuras personales, una práctica que contraviene principios éticos básicos y que pone en duda la transparencia en la gestión pública.

Este fallo plantea serias preguntas sobre la ética y la integridad de René Sánchez Galindo, quien ahora ocupa un cargo de relevancia como abogado general de la SEMARNAT. ¿Está dispuesto a anteponer los intereses de la ciudadanía por encima de sus propios objetivos políticos? Las acusaciones de promoción personalizada también dejan al descubierto un patrón preocupante de conductas que priorizan la imagen personal sobre las necesidades reales de la población. La situación pone en tela de juicio si los principios de imparcialidad y servicio público realmente guían la carrera de Sánchez Galindo, o si, por el contrario, su historial está marcado por el aprovechamiento de recursos y cargos para beneficio propio.

Este caso también refleja una crítica más amplia hacia las prácticas políticas en México, donde el uso indebido de recursos públicos para fines electorales sigue siendo una problemática recurrente. ¿Será este un ejemplo aislado o estamos ante un patrón de comportamiento común en varios actores políticos que, bajo el pretexto de servir al pueblo, en realidad buscan fortalecer su propio poder?

La sociedad y las autoridades deben reflexionar sobre estas prácticas y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera ética y transparente. De lo contrario, estos episodios seguirán minando la confianza pública en las instituciones y en los funcionarios encargados de velar por el bienestar común.

Abuso de poder

En 2022, René Sánchez Galindo, actual abogado general de la SEMARNAT, y su esposa Elizabeth García Vilchis, conocida por dirigir la sección Quién es quién en las mentiras de la semana durante las conferencias matutinas del expresidente López Obrador, fueron protagonistas de un controvertido incidente en una elección interna de MORENA en Puebla. En videos que circularon en redes sociales, la pareja fue captada saltándose la fila para votar, ingresando a las urnas por la salida, un comportamiento que generó indignación entre los militantes del partido que se encontraban esperando su turno.

Lo que agravó aún más la situación fue el pretexto que utilizaron para justificar su acción: alegaron que necesitaban evitar que su hijo, Camilo, sufriera una crisis. Sin embargo, los militantes presentes en el lugar no tardaron en expresar su malestar y acusar a la pareja de utilizar una situación personal para eludir las normas y privilegios que, según ellos, deberían estar reservados para todos los miembros del partido por igual. Para muchos, este comportamiento fue un claro ejemplo de abuso de poder y privilegios, algo que contrasta con los principios de igualdad, justicia y transparencia que MORENA se esfuerza por promover, especialmente en un contexto donde la lucha contra la corrupción y los abusos de poder es uno de los pilares del discurso político de la Cuarta Transformación.

Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios acusando a los funcionarios de “doble moral”, señalando que mientras los líderes de MORENA promueven la igualdad y el respeto a las normas, la conducta de Sánchez Galindo y García Vilchis refleja todo lo contrario. Este episodio desató un debate más amplio sobre el comportamiento de los altos funcionarios dentro del partido y las contradicciones que existen entre sus discursos y acciones.

Además, el incidente abre la puerta a una reflexión sobre la cultura de privilegios que aún persiste dentro de los partidos políticos en México. ¿De verdad los líderes políticos están comprometidos con la igualdad y la justicia social, o simplemente utilizan estos ideales para ganar apoyo mientras mantienen prácticas que favorecen a unos pocos? La controversia no solo involucra a los implicados directamente, sino que también pone en entredicho la transparencia y la ética en las elecciones internas de los partidos políticos. Mientras tanto, la sociedad observa con atención cómo este episodio afectará la imagen pública de Sánchez Galindo y García Vilchis, así como el impacto que tendrá en la percepción de MORENA como una alternativa política diferente a las viejas prácticas.

Enriquecimiento inexplicable

René Sánchez Galindo, actual abogado general de la SEMARNAT, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por presuntas irregularidades en su patrimonio. En 2022, la senadora Lilly Téllez solicitó a la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar un inusual incremento de 10.6 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2017. Este aumento fue atribuido por Sánchez Galindo a “donaciones”, una explicación que ha generado más preguntas que respuestas, despertando sospechas sobre la legitimidad de esos recursos.

La denuncia de Téllez pone sobre la mesa un tema crucial: la opacidad en las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. En este caso, la senadora pidió específicamente verificar el origen de los donativos y su congruencia con las actividades y relaciones del entonces consultor en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La falta de claridad no solo afecta la imagen de Sánchez Galindo, sino que también cuestiona la eficacia de los mecanismos de vigilancia y transparencia en el gobierno.

Este no es el primer caso que genera controversia alrededor del actual funcionario de la SEMARNAT, quien ha sido señalado por diversas acusaciones a lo largo de su carrera política y administrativa. En este contexto, el incremento patrimonial señalado se suma a una serie de episodios que ponen en duda su probidad y compromiso con la rendición de cuentas.

El caso también ha desatado un debate sobre las normas que rigen las donaciones y los ingresos extraordinarios en el ámbito público. ¿Qué tan viable es que un funcionario reciba donativos millonarios sin que estos levanten sospechas? Más aún, ¿existen protocolos efectivos para investigar y sancionar estas irregularidades?

Ante la falta de respuesta de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, voces en la opinión pública exigen una investigación transparente y profunda. Por ahora, el silencio del funcionario y la falta de avances visibles en las pesquisas incrementan las dudas sobre si este será otro caso que quede en la impunidad.