Abuso de poder
En 2021, un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó en evidencia una serie de prácticas irregulares protagonizadas por Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla, y René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobierno municipal. Ambos fueron señalados por incurrir en promoción personalizada durante la entrega de cheques a comerciantes y artesanos afectados por la pandemia de COVID-19. El tribunal determinó, por mayoría de dos votos a uno, que las acciones de los funcionarios no solo fueron inapropiadas, sino que buscaron beneficiar sus propias aspiraciones políticas.
Durante el contexto de la crisis sanitaria, cuando miles de poblanos luchaban por sobrevivir económicamente, Rivera y Sánchez utilizaron los recursos públicos destinados para apoyar a los afectados como una herramienta para posicionarse ante la opinión pública. Los cheques entregados a los comerciantes y artesanos fueron vistos como una estrategia para crear una imagen favorable de ambos en la víspera de las elecciones de 2021. Rivera buscaba la reelección, mientras que Sánchez aspiraba a una diputación federal. El fallo del tribunal subraya cómo esta entrega de recursos se convirtió en una especie de campaña electoral encubierta, con el uso de fondos públicos para promover sus figuras personales, una práctica que contraviene principios éticos básicos y que pone en duda la transparencia en la gestión pública.
Este fallo plantea serias preguntas sobre la ética y la integridad de René Sánchez Galindo, quien ahora ocupa un cargo de relevancia como abogado general de la SEMARNAT. ¿Está dispuesto a anteponer los intereses de la ciudadanía por encima de sus propios objetivos políticos? Las acusaciones de promoción personalizada también dejan al descubierto un patrón preocupante de conductas que priorizan la imagen personal sobre las necesidades reales de la población. La situación pone en tela de juicio si los principios de imparcialidad y servicio público realmente guían la carrera de Sánchez Galindo, o si, por el contrario, su historial está marcado por el aprovechamiento de recursos y cargos para beneficio propio.
Este caso también refleja una crítica más amplia hacia las prácticas políticas en México, donde el uso indebido de recursos públicos para fines electorales sigue siendo una problemática recurrente. ¿Será este un ejemplo aislado o estamos ante un patrón de comportamiento común en varios actores políticos que, bajo el pretexto de servir al pueblo, en realidad buscan fortalecer su propio poder?
La sociedad y las autoridades deben reflexionar sobre estas prácticas y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera ética y transparente. De lo contrario, estos episodios seguirán minando la confianza pública en las instituciones y en los funcionarios encargados de velar por el bienestar común.
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