Cobros ilegales y abuso de poder
En medio de su actual gestión como director jurídico de la SEMARNAT, René Sánchez Galindo enfrenta graves acusaciones que resurgieron durante su paso como secretario de Gobernación municipal en Puebla, una etapa marcada por controversias y señalamientos. Durante las elecciones de 2021, el diputado panista Mario Riestra Piña denunció que Sánchez Galindo habría exigido cuotas a comerciantes ambulantes para permitirles trabajar en el centro de la ciudad, una práctica que, de confirmarse, representaría un abuso de poder y corrupción.
Los señalamientos no terminan ahí. En 2020, el Frente de Vendedores Tradicionales y Comerciantes del Estado de Puebla organizó una protesta pública para acusar a Sánchez Galindo de incumplir acuerdos. Según Teresa Huitzil Torres, representante del Frente, Sánchez Galindo prometió respetar los espacios de los vendedores en el Zócalo si estos demostraban con recibos que tenían el derecho de ocuparlos. Pero, tras la reunión, las promesas se desmoronaron cuando el funcionario encabezó un operativo en el que elementos de seguridad confiscaron mercancías, dejando a decenas de comerciantes afectados.
La situación escaló al punto de que Teresa Huitzil presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, argumentando que el operativo violó los derechos de los vendedores y demostró un patrón de represión y uso excesivo de la fuerza por parte del entonces secretario. Este episodio, que puso en evidencia el desequilibrio de poder entre el gobierno y los sectores más vulnerables, sigue siendo un punto crítico en la carrera de Sánchez Galindo.
Además, la falta de transparencia en la gestión de Sánchez Galindo y la ausencia de sanciones claras en su contra han generado cuestionamientos sobre su idoneidad para ocupar un cargo de relevancia en la SEMARNAT. ¿Es este historial una señal de alerta sobre su manejo de poder en el ámbito nacional? La población sigue esperando respuestas. Mientras tanto, los comerciantes que enfrentaron represalias y abusos por parte de la administración de Sánchez Galindo siguen exigiendo justicia y soluciones reales.